Punto 01.

La producción, distribución, venta y consumo de cannabis son actividades que se han desarrollado históricamente en contextos de ilegalidad y clandestinidad, quedando de manifiesto en los últimos años la participación de funcionarixs políticxs, judiciales y agentes policiales en la regulación del mercado. En este mercado ilegal solo se busca maximizar las ganancias, sin reparar en los daños potenciales que pueda causar el consumo de esta y otras sustancias, la edad de las personas a las que se ofrece la sustancia, los lugares de venta o la calidad del producto. Además, la disputa por el territorio, las bocas de expendio y las rutas de distribución se resuelven muchas veces mediante el ejercicio de violencia social.

En nuestro país, según el último Estudio Nacional en población de 12 a 65 años sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas publicado en 2017 el cannabis es la tercera sustancia más utilizada en el país, luego del alcohol y el tabaco. El 7,8% de las personas consultadas lo había consumido durante el año anterior a la encuesta. Estos indicadores representan un incremento significativo respecto del estudio anterior elaborado en 2010 por el mismo organismo. Tampoco se redujo la oferta, pese a que a ello se destina la mayor parte del presupuesto en la materia.

La política prohibicionista generó además severos daños: vulneración de derechos individuales; sometimiento de las personas a relacionarse con estructuras ilegales de abastecimiento y contacto con otras sustancias mediante el “efecto góndola” en las bocas de expendio; contextos de clandestinidad signados por la violencia, extorsión y riesgo penal; prácticas policiales informales e ilegales; dispendio de recursos públicos por parte de fuerzas de seguridad, sistemas de administración de justicia y penitenciarios; corrupción y degradación de instituciones policiales, judiciales y políticas, entre otros.

Ante esta situación de regulación ilegal, con las consecuencias ya enumeradas, proponemos una regulación legal que ponga en el centro a la población usuaria de cannabis y su bienestar. Hace décadas que el Estado decidió que la manera de mediar esta relación Estado-usuarixs era la prohibición de la sustancia y la penalización de las conductas vinculadas a su uso. La nueva legislación deberá reemplazar esa relación por una que se erija en el respeto por los derechos de lxs usuarixs, su autonomía y sus decisiones privadas.

La regulación legal busca reducir o eliminar los daños creados o exacerbados específicamente por el prohibicionismo y por los mercados ilícitos que éste genera. No existe un modelo único de regulación, hay un amplio rango de herramientas que pueden ser desplegadas, dependiendo del producto, el contexto, las poblaciones clave y el entramado institucional. De esta forma el Estado decide quién vende qué, cuándo, dónde y a quién, impide la publicidad, determina los precios, otorga licencias de producción, establece su tributación y el destino de los recursos recaudados, además de posibilitar otras vías de acceso individuales y cooperativas, establecer campañas públicas de prevención, abordajes sanitarios, políticas de reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades, etc.

Estos cambios permitirían obtener mayor información en relación a la producción, distribución y consumo de cannabis en nuestro país. Tener una dimensión real del mercado posibilita que el Estado produzca conocimiento basado en la evidencia y aborde mejor los principales desafíos sociales que existen y los que surgirán al momento de diseñar políticas públicas.

Podemos identificar numerosos beneficios que se lograrían con una regulación legal, entre otros, minimización de las consecuencias negativas relacionadas al circuito productivo y de comercialización; protección de la salud de lxs usuarixs y mejoras en la salud pública; mayor seguridad jurídica frente a las fuerzas de seguridad y lxs funcionarixs judiciales; separación del mercado de cannabis del de otras sustancias ilícitas de mayor riesgo; y disminución del estigma sobre lxs usuarixs. En la actualidad, Uruguay, Canadá y once estados norteamericanos ya regularon la producción y comercialización para uso adulto.