Punto 05.
En el 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por medio del fallo Arriola, declaró inconstitucional penalizar la tenencia para consumo personal de todas las sustancias. Desde entonces, se impulsaron más de 30 proyectos legislativos que proponen despenalizar conductas asociadas al consumo, como la tenencia de drogas y el autocultivo de cannabis; y un tercio de ellos, además, promueven la despenalización de todos los usos de esta planta y la regulación legal del mercado de cannabis. Sin embargo, la Ley 23737 no se modificó, y todas estas prácticas continúan penalizadas.
A 10 años del fallo Arriola las fuerzas de seguridad siguen realizando detenciones por conductas asociadas al consumo, bajo las figuras de tenencia simple y consumo personal (art. 14) y cultivo para consumo personal (art. 5), entre otras. Por ejemplo, la Plataforma Interactiva de Datos Estadísticos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) indica que, entre 2011 y 2018, casi la mitad de las causas por drogas iniciadas en la justicia federal (89.131 causas sobre un total de 187.398) fueron por tenencia simple y para consumo, la mayoría (42%) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este sentido, la Fiscalía Federal VI con asiento en esta Ciudad registró entre 2011 y 2018 que, en promedio, el 70% de los expedientes por drogas fueron por consumo personal. En otras regiones como Centro-Cuyo, en 2016, más de la mitad de los casos iniciados por delitos de drogas también fueron por consumo; en la Patagonia, entre 2011 y 2018, se iniciaron 23.462 causas por delitos de drogas: el 52% fueron por tenencia simple y uso personal, según la Procunar.
No obstante, este fenómeno no es privativo del fuero federal. Según datos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, entre 2014 y 2017, la justicia de esa provincia abrió un promedio de 10.300 expedientes por tenencia por año. En 2017, algunos partidos se concentraron en la detención de consumidorxs: las causas por tenencia para consumo representaron el 51.26% del total en Trenque Lauquen, el 64.4% en San Nicolás y el 70.21 % en Necochea. Estas detenciones se produjeron mayormente en contextos de controles vehiculares.
En lo que respecta al autocultivo de cannabis, en los últimos años se intensificó significativamente la persecución de esta práctica. Según datos de la Procunar, las causas iniciadas por delitos vinculados con la tenencia, almacenamiento y transporte de plantas y semillas para producir estupefacientes (que en la Argentina se concentra en cannabis), casi se duplicaron entre 2015 y 2018: pasaron 530 a 975 causas. Estas prácticas son consideradas un indicio de comercialización por el sistema penal. De modo que, muchxs cultivadorxs son criminalizadxs como narcotraficantes.
Una vez en el sistema de administración de justicia, si bien muchos funcionarixs dan lugar al estándar fijado en el fallo Arriola y archivan los casos de tenencia, no todxs lxs operadorxs judiciales comparten ese criterio. En estos últimos casos, las vidas de miles de personas y las de su círculo íntimo son interrumpidas y afectadas significativamente hasta que los hechos son esclarecidos. De hecho, la penalización de la tenencia tiene un efecto criminalizador y estigmatizante incluso en aquellos casos donde ese consumo es considerado lícito por su finalidad terapéutica o por su realización en el marco de tradiciones culturales.
El estado dilapida enormes cantidades de recursos técnicos y económicos (móviles para los operativos, combustible, Narcotest, insumos materiales ingreso de expedientes) en la persecución de meros consumidorxs y satura los juzgados, sin incidir en la lógica comercial del narcotráfico.
Esta política punitiva vulnera derechos humanos. Las detenciones policiales regulares y masivas a consumidorxs se convirtieron en el nuevo espacio de viejas prácticas arbitrarias. Ello afecta especialmente a lxs jóvenes de barrios vulnerables y las trabajadoras sexuales debido al sesgo de la persecución policial sobre determinados grupos sociales. Por otra parte, agrava el hacinamiento de las comisarias. La mayor parte de los casos que llegan a la justicia se inician por procedimientos policiales: el 80% de las causas iniciadas entre 2011 y 2018 en los fueros federales se iniciaron por trabajo policial: 69.497 por tareas de prevención y 1.954 por denuncias en comisarías, según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Esta política prohibicionista concentró los esfuerzos represivos en la persecución del cannabis, sin embargo, no logró reducir el consumo. Su uso creció significativamente en la última década. Bajo un esquema de regulación que prioriza la salud, figuras penales asociadas al consumo no serán penadas para ninguna sustancia.