Punto 03.
Actualmente no existen estimaciones oficiales rigurosas que permitan apreciar la magnitud del mercado de cannabis en Argentina. En la literatura especializada, existen cuatro aproximaciones generales para estimar el tamaño de un mercado ilícito de drogas ilegales. Las que se fundamentan desde la oferta, a partir de la producción o las incautaciones; y las que lo hacen desde la perspectiva de la demanda, basadas en el consumo o en los gastos. En general, parece haber consenso en torno a la superioridad analítica de las aproximaciones surgidas de la demanda.
Desde la perspectiva de la demanda, es necesario establecer primero un número de usuarixs y su consumo anual promedio. El Estudio Nacional en Población de 12 a 65 años sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas, realizado por la SEDRONAR en 2017, identifica 1.482.165 consumidorxs de cannabis en los últimos 12 meses previos al relevamiento, teniendo en cuenta que la prevalencia de año de esta sustancia es del 7,8%. Respecto al uso anual promedio por usuarix, los únicos datos disponibles son los del Estudio Nacional publicado en 2006 en el que se registraba un consumo mensual promedio de 15 “cigarrillos de marihuana”; aunque declaraciones oficiales publicadas en el diario La Nación en junio de 2019, indican que cada usuarix habitual (1.027.729 personas que fuman cannabis en forma mensual) consume 80 gramos de esa sustancia psicoactiva al año.
De todas formas, una estimación de la cantidad de usuarixs a partir del consumo mensual promedio resultaría inadecuada porque existe una gran variación según los diferentes tipos de usuarixs. Por ello, es preciso determinar la intensidad y frecuencia de uso entre el total de las personas que utilizan cannabis. En este sentido, el Estudio del 2017 indica que 6,2% son usuarixs experimentales, probaron una vez; 56,6% son ocasionales, consumieron algunas veces durante los últimos 12 meses o algunas veces mensualmente; y 37,2%, son frecuentes, hacen un uso semanal. Es decir, 91.374 usuarixs experimentales, 838.171 ocasionales y 552.620 frecuentes.
Si tomamos como peso promedio de una dosis (un porro) 0,32 gramos podemos estimar que un/a usuarix experimental consume uno al año (0,32 gr/año); un/a usuarix ocasional un promedio de doce anuales (3,84 gr/año); y un/a usuarix frecuente un promedio de 365 “cigarrillos de marihuana” al año (116,8 gr/año).
A partir de estos datos es posible presentar una serie de estimaciones sobre consumo anual de cannabis, con y sin discriminación de frecuencias de consumo. Las estimaciones sin discriminación de frecuencias simplemente multiplican la cantidad estimada de usuarixs por el consumo mensual promedio estimado. Tomando los datos del Estudio de la SEDRONAR de 2006, donde se informaba un consumo mensual promedio de 15 “cigarrillos de marihuana” es posible estimar un uso anual por usuarix de 57,6 gramos y un consumo anual total de 85.372,70 kilogramos. Si tomamos como referencia las declaraciones oficiales publicadas por el diario La Nación, donde se indica un consumo de 80 gramos de cannabis al año, obtenemos un consumo anual de 118.573,2 kilogramos. Por último, si realizamos la estimación discriminando frecuencias, el consumo varía según el tipo de usuarix. Esto nos arroja un consumo anual de 29,23 kilogramos en el caso de quienes utilizan de forma experimental, de 3.218,57 kilogramos para la categoría de usuarixs ocasionales, y 64.546,01 kilogramos en el caso de lxs frecuentes; lo que equivale a un consumo anual de 67.793,81 kilogramos.
En síntesis, las estimaciones presentadas oscilan entre un consumo anual de cannabis de 67.793,81 a 118.573,2 kilogramos. Si partimos del primer número, el más bajo, y de diferentes alternativas de precios por gramo informados por la SEDRONAR en 2006, el Ministerio de Seguridad y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) en 2017 –esto es, 2,25 USD$, 2 USD$ y 3 USD$, respectivamente- se podría considerar un gasto anual que oscilaría entre los 135 y los 200 millones de dólares. Estas son las dimensiones del mercado ilícito de cannabis en Argentina que, de regularse legalmente, podría generar fuentes de trabajo registrado, ingresos fiscales y estadísticas más acabadas sobre los diferentes tipos de consumo para planificar políticas públicas más eficaces sobre la demanda.